1. RESUMEN
La comunidad internacional logró hablar un mismo idioma para clasificar las mercaderías (Sistema Armonizado) y para valorarlas en la importación (Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT de 1994). No logró, en cambio, ponerse de acuerdo sobre algo previo y más delicado: qué es, jurídicamente, la sanción aduanera. Este trabajo, que anticipa las conclusiones de una investigación doctoral del autor, sostiene que la infracción aduanera es penal en su estructura -sin que ello suponga resignar la autonomía del derecho aduanero-, que esa naturaleza impone sin atenuaciones las garantías que definen las condiciones del reproche (legalidad, culpabilidad, ley más benigna, non bis in idem, proporcionalidad) y que admite, en cambio, configuraciones diversas en las que organizan el modo de averiguarlo. De allí se sigue que el defecto central de los sistemas de la región no es de aplicación sino de diseño: el mismo órgano investiga, acusa y decide. El contraste entre Brasil, donde la sanción se impone y se revisa dentro de la propia Administración, Uruguay, donde la intervención judicial es temprana pero la especialización no alcanza a todas las instancias, y la Argentina, donde un tribunal especializado revisa lo que la Aduana ya decidió, permite proponer un modelo latinoamericano: la aduana instruye y acusa, y un órgano especializado e independiente decide en instancia originaria los casos graves.
2. INTRODUCCIÓN: LA PARADOJA DE UNA ARMONIZACIÓN A MEDIAS
El derecho aduanero exhibe una paradoja que pocas ramas del derecho público pueden mostrar. Es, probablemente, la disciplina jurídica más armonizada del planeta en su parte técnica: un mismo bien se describe con los mismos seis dígitos en Buenos Aires, en São Paulo y en Montevideo, y su base imponible se determina con los mismos métodos, en el mismo orden y con las mismas exclusiones. Y, sin embargo, cuando ese mismo bien es objeto de una declaración inexacta, de una diferencia injustificada o de un ingreso clandestino, la respuesta del Estado cambia por completo al cruzar la frontera: cambia quién acusa, quién juzga, con qué garantías, con qué estándar de culpabilidad y ante qué juez se revisa lo decidido.
No es una diferencia menor ni meramente procedimental. Detrás de ella late una discrepancia de fondo que la comunidad aduanera internacional nunca terminó de saldar: la de la naturaleza jurídica de la sanción aduanera. Si la infracción aduanera es una manifestación del derecho administrativo sancionador, la Administración que la detecta puede también juzgarla, con garantías “matizadas” y un control judicial posterior. Si, en cambio, es una manifestación del poder punitivo del Estado en sentido estricto -como aquí se sostiene-, el piso de garantías ya no lo fija el legislador de cada país sino el derecho convencional, y ese piso es el del proceso penal.
La reciente constitución de la Academia Latinoamericana de Derecho Aduanero, que se propuso expresamente el estudio comparado de las legislaciones de la región con miras a su actualización y, en lo posible, a su armonización, ofrece el ámbito natural para plantear el problema en estos términos. Las páginas que siguen anticipan, en clave regional, las conclusiones de una tesis doctoral del autor –Los principios del derecho penal en el régimen infraccional aduanero. Una reconstrucción desde la jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación (inédita, 2026)-, construida sobre las sentencias de la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación dictadas entre 2022 y 2026. Buena parte de esas sentencias lleva la firma de quien escribe; se ha preferido la transparencia a la ficción de la distancia.
La hipótesis puede enunciarse así: la armonización pendiente del derecho aduanero no es la de una nueva nomenclatura ni la de un nuevo método de valoración, sino la de su régimen sancionatorio; y esa armonización no puede construirse sobre el mínimo común denominador de las legislaciones nacionales, sino sobre dos pisos. El primero es sustantivo: las garantías que definen cuándo el Estado puede reprochar. El segundo es institucional: que quien acusa no sea quien juzga, y que quien juzga sepa derecho aduanero.
El trabajo avanza en cuatro movimientos. Primero, se describe lo que el mundo ya acordó (clasificar y valorar) y lo que no (la naturaleza de la sanción). Segundo, se fundamenta la tesis de la naturaleza penal de la infracción aduanera y se precisa qué se sigue -y qué no- de ella. Tercero, se contrastan tres experiencias regionales de signo distinto: Brasil, Uruguay y la Argentina. Por último, se proponen las bases de un modelo latinoamericano cuyo núcleo es la separación entre la instrucción y la decisión.
3. LO QUE EL MUNDO ACORDÓ: CLASIFICAR Y VALORAR
El primer gran acuerdo es el de la clasificación. El Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, celebrado en Bruselas el 14/06/1983 en el seno del entonces Consejo de Cooperación Aduanera y vigente desde el 01/01/1988, dotó al comercio internacional de un lenguaje común: una nomenclatura estructurada en secciones, capítulos, partidas y subpartidas, gobernada por reglas generales interpretativas y por notas legales que la hacen jurídicamente vinculante, y no un simple catálogo estadístico. Las nomenclaturas regionales -la Nomenclatura Común del MERCOSUR entre ellas- se construyen sobre esa base y solo agregan desdoblamientos propios.
El segundo gran acuerdo es el de la valoración en la importación. El Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT de 1994, heredero del Código de Valoración de la Ronda Tokio, desplazó las nociones teóricas de valor (el “valor normal” de la Definición de Bruselas) por un criterio positivo: el valor de transacción, esto es, el precio realmente pagado o por pagar, con los ajustes taxativamente previstos y con una secuencia jerárquica de métodos subsidiarios para cuando aquel no puede aceptarse. Su fuerza no reside solo en el texto: integra el paquete único de la OMC, de modo que su incumplimiento es exigible en el sistema de solución de diferencias.
Conviene detenerse en por qué esos acuerdos fueron posibles. Clasificar y valorar son operaciones que definen el elemento material y la base de medición del hecho gravado aduanero; su uniformidad interesa por igual a todos los Estados, porque sin ella no hay concesiones arancelarias comparables ni compromisos de consolidación verificables. Son, además, operaciones relativamente neutras desde el punto de vista de la soberanía: ningún Estado pierde poder por describir una mercadería igual que su vecino. El derecho represivo, en cambio, toca el núcleo de la soberanía punitiva, y por eso la armonización se detuvo en su umbral.
4. LO QUE EL MUNDO NO ACORDÓ: LA NATURALEZA DEL DERECHO SANCIONATORIO ADUANERO
En el plano multilateral, lo más cercano a una armonización de las sanciones aduaneras son dos instrumentos que, significativamente, eluden la pregunta por su naturaleza. El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, en su artículo 6.3, entiende por sanciones las que impone la administración de aduanas por infracción a las leyes, reglamentos o formalidades aduaneras, y exige que recaigan solo sobre el responsable, que guarden relación con los hechos y circunstancias del caso, que se eviten los conflictos de intereses en su determinación y que se valore la divulgación voluntaria como atenuante. El Convenio de Kioto revisada (Bruselas, 26/06/1999), aprobada por la Argentina mediante la Ley 27.138, dedica un capítulo de su Anexo General a los recursos en materia aduanera y establece principios sobre transparencia y previsibilidad de las sanciones y sobre su adecuación a la entidad de la conducta; la doctrina ha extraído de allí que, si el bien jurídico es el control, la medida de la sanción debe guardar relación con la intensidad con que ese control fue efectivamente afectado (Vidal Albarracín, “El principio de proporcionalidad de la pena en el ámbito aduanero internacional”, Revista de Estudios Aduaneros n° 22). Son disciplinas de mínima, útiles y exigibles, pero procedimentales y de medida: dicen cómo no debe sancionarse, no qué es lo que se sanciona.
En el plano regional el silencio es todavía más elocuente. El Código Aduanero del MERCOSUR, aprobado por la Decisión CMC N° 27/10 e incorporado por la Argentina mediante la Ley 26.795, no contiene un régimen de delitos ni de infracciones aduaneras: la materia quedó librada a las legislaciones nacionales, y la doctrina ha señalado esa omisión como una ausencia de fondo y de forma (Deluca, 2013). El problema no es nuevo en la doctrina argentina: Basaldúa reconstruyó los antecedentes y modelos de uniformización aduanera que desembocaron en el Código regional (Revista de Estudios Aduaneros n° 22), y Vidal Albarracín propuso hace ya dos décadas el bien jurídico tutelado como medio eficaz de armonización internacional de los ilícitos aduaneros (Revista de Estudios Aduaneros n° 17). Y la preocupación ya cruzó la frontera: desde Brasil, Fazolo y Timm do Valle partieron de la misma constatación -que el Código Aduanero del MERCOSUR “no disciplina las infracciones y crimen aduanero”- y buscaron en la doctrina aduanera argentina un punto de intersección común para armonizar la legislación aduanera represiva del bloque. La unión aduanera, que aspira a un territorio aduanero común, admite así que la misma conducta reciba respuestas punitivas estructuralmente distintas según el Estado Parte en que se cometa.
En el plano doctrinario, el desacuerdo se ordena en torno a tres respuestas, que conviene exponer en su mejor versión. La tesis penalista sostiene que la infracción es un delito menor, distinguible del delito por la cuantía del injusto y por el órgano que la juzga, pero no por su estructura; su fortaleza es la claridad y su punto ciego, el costo institucional, porque aplicada con literalismo obligaría a judicializar cada acta labrada en un paso fronterizo. La tesis administrativista ubica la infracción en un derecho administrativo sancionador sustantivo, de finalidad preventiva y distributiva, en el que la culpabilidad no es presupuesto de la responsabilidad; su formulación más rigurosa en la Argentina es la de Miguel Nathan Licht (Teoría del ilícito administrativo, La Ley, 2024), y su fortaleza consiste en describir con fidelidad lo que el sistema aduanero efectivamente hace: gestionar riesgos en un tráfico masivo. La tercera vía, en fin, postula una categoría propia que toma del derecho penal las garantías y del administrativo la agilidad; su elegancia es la del compromiso, y su debilidad aparece cuando el caso concreto obliga a decidir de qué lado se inclina. En el derecho uruguayo, una parte autorizada de la doctrina caracteriza la infracción aduanera como especie de infracción administrativa, aunque deba completarse con los principios del derecho punitivo y del penal en particular (González Bianchi).
El derecho comparado europeo ofrece una enseñanza que suele citarse al revés. Alemania eligió la vía de la separación explícita: la Ley de Contravenciones de 1968 (OWiG) sustrajo un enorme volumen de conductas al proceso criminal y las entregó a la autoridad administrativa. Pero el precio de esa autonomía fue una parte general que define la contravención como un hecho antijurídico y reprochable (§ 1) y que solo permite sancionar el obrar negligente cuando la ley lo prevé expresamente (§ 10). España eligió la aplicación “con matices” de los principios penales, y su Tribunal Constitucional declaró inadmisible un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa (STC 76/1990, del 26/04/1990). El ordenamiento que más lejos llevó la autonomía del derecho sancionador administrativo es, así, el que escribió con más cuidado la exigencia de culpabilidad.
La jurisprudencia internacional de derechos humanos no zanjó la cuestión, pero desplazó su eje. El Tribunal Europeo, desde Engel y otros c. Países Bajos (08/06/1976) y Öztürk c. Alemania (21/02/1984), atiende a la naturaleza de la infracción y a la severidad de la sanción antes que a la etiqueta del derecho interno: un Estado no puede sustraer una infracción del ámbito de las garantías cambiándole el nombre. La Corte Interamericana, en Baena Ricardo y otros vs. Panamá (02/02/2001), sostuvo que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado, doctrina que la Corte Suprema argentina hizo propia en Losicer (Fallos 335:1126, 2012). El derecho convencional ya no pregunta cómo llama el legislador a la sanción, sino qué hace la sanción con la persona. Esa es la puerta por la que entra la tesis de este trabajo.
5. TESIS: LA INFRACCIÓN ADUANERA ES PENAL EN SU ESTRUCTURA
La posición que aquí se adopta es la penalista, con una corrección importante. La infracción aduanera es penal en su estructura, y por eso rigen en ella la culpabilidad, la legalidad, la ley más benigna y la presunción de inocencia. Pero de esa naturaleza no se deriva la totalidad del régimen procesal penal, porque las garantías son exigencias de contenido, no de forma. La tesis se apoya en tres argumentos.
El argumento de derecho positivo es, en el caso argentino, casi literal. El Código Aduanero (Ley 22.415) aloja delitos e infracciones en una misma Sección XII, titulada “Disposiciones penales”, con una parte general compartida; su artículo 861 manda aplicar las disposiciones generales del Código Penal siempre que no fueren expresa o tácitamente excluidas, y su artículo 1017 remite supletoriamente a la ley procesal penal. Hay más: el Código de 1981 abandonó el criterio de responsabilidad objetiva que recogía la Ley de Aduana tras la Ley 21.898, y su huella quedó en normas que carecerían de sentido en un régimen objetivo, como la del error inculpable (art. 902) o la que ordena estar a la interpretación más favorable al imputado en caso de duda (art. 898). Un sistema que carece de culpabilidad no necesita reglar el error ni la duda. Quien hoy invoca la responsabilidad objetiva en materia aduanera invoca, sin decirlo, una ley derogada. La Corte Suprema, por su parte, formuló la doctrina de la personalidad de la pena -solo puede ser reprimido quien sea culpable, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente- en Parafina del Plata S.A. (Fallos 271:297, 1968), la proyectó al régimen aduanero en una línea constante (Mirás, Fallos 287:76; Linch, Fallos 290:202; Hideco, Fallos 293:670; Frydman, Fallos 297:215; Citrex, Fallos 308:2043; SAFRAR, Fallos 311:2779) y sostuvo en 2023 que el interés fiscal en la percepción de una multa no altera su naturaleza principalmente punitiva (Alpha Shipping S.A., Fallos 346:103).
El argumento funcional mira a lo que la sanción hace. La multa aduanera no repara: se gradúa en múltiplos del tributo o del valor en aduana de la mercadería, mientras el crédito tributario se persigue por su propia vía; el comiso priva definitivamente de la propiedad; la inhabilitación excluye del mercado. Sometidas al test de Engel, las normas de la Sección XII se dirigen a la generalidad de quienes intervienen en el tráfico y no a un cuerpo con estatuto particular, y sus sanciones persiguen disuadir mediante la amenaza de un mal. Aun la tesis distributiva más elaborada tropieza aquí: si la sanción solo restableciera la igualdad ante las cargas públicas, su medida sería el costo del control que la infracción impuso a la colectividad, y el ordenamiento no necesitaría escalas, atenuantes, reincidencia ni graduación. Que el Código Aduanero contenga las cuatro cosas sugiere que mide otra cosa, y ese exceso sobre lo distributivo es lo que el derecho llama pena.
El argumento sistemático es el que permite a un “purista” del derecho aduanero sostener la tesis sin contradicción. Afirmar la naturaleza penal de la infracción no equivale a trasladarla al derecho penal común ni a negar la autonomía de la rama. Los tipos infraccionales aduaneros se construyen con conceptos que solo el derecho aduanero define -mercadería, territorio aduanero, destinación, declaración comprometida, valor en aduana, posición arancelaria- y protegen un bien jurídico propio: la función de control del tráfico internacional de mercadería. Por eso su tipo no se lee nunca solo, sino en la intersección de un artículo con las reglas de las destinaciones, de la valoración o de la nomenclatura. El derecho penal aduanero es un derecho penal especial que pertenece al derecho aduanero, y no un capítulo del derecho penal que toma prestado vocabulario aduanero.
Queda la corrección anunciada, de la que depende todo lo demás. Las garantías penales se dividen, a los efectos prácticos, en dos familias. La primera comprende las que definen las condiciones bajo las cuales el Estado puede reprochar: ley previa, tipo cierto, culpabilidad, proporcionalidad y prohibición de doble juzgamiento. Esas garantías son de contenido y no admiten graduación según el órgano que juzga, porque no dependen del procedimiento sino de la legitimidad misma del castigo. La segunda comprende las que organizan el modo de averiguar si esas condiciones se cumplen: la oralidad, la inmediación, la publicidad del debate, la estructura acusatoria. Esas admiten configuraciones diversas, y un procedimiento escrito, instruido por la administración y revisado después por un tribunal, puede satisfacerlas si asegura el núcleo que protegen, que es la posibilidad efectiva de ser oído y de controlar la prueba. Confundir ambas familias produce dos errores simétricos: quien exige la segunda con literalismo vuelve inaplicable el sistema; quien relaja la primera invocando la conveniencia administrativa lo vuelve inconstitucional. El propio Tribunal Europeo admitió que existen materias que, sin dejar de ser penales, no pertenecen al núcleo duro del derecho penal y admiten una aplicación atenuada de ciertas garantías procesales (Jussila c. Finlandia, Gran Sala, 23/11/2006); el matiz, bien entendido, recae sobre el modo de averiguar y no sobre las condiciones del reproche.
De esa doble pertenencia de la infracción -penal por su naturaleza, aduanera por su objeto- se sigue lo que aquí se denomina principio de la doble exigencia: garantías de contenido sin rebajas, y un juez especializado. Un juez penal genérico ofrece garantías pero no especialización: no está preparado para decidir si una diferencia de valor obedece a un ajuste del artículo 8 del Acuerdo de Valoración o a una maniobra, ni si una discrepancia de clasificación traduce un error excusable de interpretación de las reglas generales del Sistema Armonizado. La Administración aduanera ofrece especialización pero no imparcialidad objetiva, porque es parte en el resultado del control. La respuesta institucional coherente con ambas exigencias es una sola: un órgano especializado e independiente de la Administración que acusa.
6. CONSECUENCIA: EL PISO CONVENCIONAL Y LO QUE EXIGE DE CADA SISTEMA
Si la infracción aduanera es penal en su estructura, su régimen ya no puede medirse solo con la vara de la ley nacional. Los Estados de la región que son parte de la Convención Americana quedan obligados por sus artículos 8 (garantías judiciales), 9 (legalidad y retroactividad) y 25 (protección judicial), y por el deber de adecuar su derecho interno que impone el artículo 2. La Corte Suprema argentina precisó la regla de aplicación con una fórmula preferible tanto a la aplicación automática como a la exclusión en bloque: los principios y reglas del derecho penal rigen en el ámbito sancionador siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento específico y en tanto resulten compatibles con el régimen estructurado por las normas especiales (Comisión Nacional de Valores c/ Telefónica Holding de Argentina S.A., Fallos 335:1089, 2012). Esa fórmula obliga a razonar principio por principio. Traducido al régimen aduanero, el piso de la primera familia comprende, al menos, lo siguiente:
a) Legalidad con doble precisión. La ley formal debe describir el núcleo de la conducta prohibida y fijar la escala sancionatoria (Mouviel, Fallos 237:636, 1957). El reenvío a normas técnicas o económicas variables es admisible, pero la prohibición reglamentaria es presupuesto del tipo y no tipo.
b) Culpabilidad como mínimo de culpa. No se exige dolo, pero se excluye la imputación puramente objetiva. Lo que el legislador puede establecer no es la responsabilidad sin culpa sino la presunción de culpa, válida bajo cuatro condiciones: origen legal, prueba en contrario sin restricciones que la vuelvan ilusoria, nexo racional entre el hecho base y el presumido, y examen efectivo del descargo. Nadie invierte la carga de probar algo irrelevante.
c) Presunción de inocencia y beneficio de la duda. El estándar probatorio es el de certeza, y la duda favorece al imputado en el plano de la interpretación y en el de la prueba.
d) Retroactividad de la ley más benigna, que alcanza a los reglamentos que integran el tipo revisando la valoración de la conducta, y no a los que ejecutan políticas genuinamente transitorias. En un régimen que se completa con normas de vida breve, esta garantía tiene un peso práctico creciente.
e) Non bis in idem entre la sede penal y la infraccional, con comparación de relatos fácticos y no de calificaciones.
f) Proporcionalidad, que no opera solo sobre la graduación de la multa sino sobre la procedencia de cada sanción, de modo que el comiso de mercadería de libre circulación exige un examen autónomo. La experiencia comparada es elocuente: la Corte Suprema estadounidense juzgó groseramente desproporcionado el decomiso total de dinero no declarado en frontera (United States v. Bajakajian, 524 U.S. 321, 1998), y el Tribunal Europeo llegó al mismo resultado por la vía del derecho de propiedad (Ismayilov c. Rusia, 06/11/2008; Gabrić c. Croacia, 05/02/2009; Sadocha c. Ucrania, 11/07/2019).
La segunda familia admite configuraciones diversas, pero no un núcleo vacío: imputación previa y precisa, vista para la defensa, derecho a ofrecer y producir prueba, resolución fundada que contenga el juicio de culpabilidad y las razones de la graduación, y pronunciamiento en un plazo razonable que no se subsane con el argumento de que la sanción era baja. A ello se suma la exigencia que sostiene a todas las demás cuando la sanción la impone la Administración: una revisión jurisdiccional plena sobre el hecho, la prueba, la calificación, la culpabilidad y la graduación, con posibilidad efectiva de producir prueba en la instancia revisora. Es la doctrina argentina del control judicial suficiente (Fernández Arias c/ Poggio, Fallos 247:646, 1960; Ángel Estrada y Cía. S.A., Fallos 328:651, 2005) y es, también, la condición bajo la cual el sistema europeo tolera que una sanción de materia penal la imponga una autoridad administrativa.
Dos precisiones evitan malentendidos. La primera: elevar el estándar no es adoptar una posición “pro operador”. La Administración aduanera actúa con las rigideces propias de toda estructura burocrática frente a operadores de comercio exterior experimentados, asistidos por estudios altamente especializados, y un régimen que exigiera prueba positiva del dolo en cada acta sería inaplicable; la inaplicabilidad de un sistema de control no es una victoria de las garantías sino una derrota del interés público que las garantías también protegen. Un sistema con garantías claras es, además, el que mejor protege la sanción legítima frente a su anulación por defectos formales.
La segunda precisión concierne a las personas jurídicas, destinatarias habituales de la sanción aduanera. Su responsabilidad, y la del principal por el hecho del dependiente, se explican mejor como imputación por defecto de organización, lectura que da cuenta de la exención que el propio Código prevé para quien cumplió sus deberes. En cuanto al amparo convencional, la Opinión Consultiva OC-22/16 circunscribió la titularidad de los derechos a las personas físicas; en la jurisdicción aduanera argentina se ha propuesto resolver el problema a partir del propio texto de esa opinión, del artículo 29.b de la Convención y del artículo 18 de la Constitución Nacional como piso no regresivo (TFN, Sala F, Taranto S.A., 17/12/2025, voto del autor).
7. BRASIL: EL PODER DEL ESTADO ADUANERO
Brasil ofrece el ejemplo más nítido de lo que ocurre cuando la sanción aduanera se piensa exclusivamente desde la Administración. Su instituto emblemático es la pena de perdimento, prevista en los Decretos-Ley 37/1966 y 1.455/1976 -normas dictadas en un contexto de cierre comercial y de sustitución de importaciones- y considerada por la propia doctrina brasileña como la sanción administrativa más gravosa de ese ordenamiento. Se trata, en términos materiales, de una confiscación: la pérdida de la propiedad de la mercadería, del vehículo o de la moneda en favor del Estado. Y se aplica, en buena medida, a infracciones que la práctica administrativa califica como formales o de mera conducta, configuradas con independencia de un resultado lesivo.
Durante casi cinco décadas esa pena se impuso en instancia administrativa única. La Receita Federal rechazaba sistemáticamente los recursos interpuestos contra la aplicación del perdimento con fundamento en el artículo 27 del Decreto-Ley 1.455/1976, pese a que la doctrina denunciaba su incompatibilidad con la Constitución de 1988 y con los tratados ratificados por el país. La Ley 14.651, del 23/08/2023, y la Portaria Normativa MF 1.005, del 28/08/2023, introdujeron una impugnación en plazo de veinte días y un esquema de doble instancia administrativa, concentrado en un Centro de Julgamento de Penalidades Aduaneiras (Cejul): la primera instancia es una decisión monocrática de un Auditor-Fiscal de la Receita Federal y la segunda, la de Cámaras Recursales integradas también por Auditores-Fiscais, cuya designación depende de la propia Receita; esa segunda decisión agota la vía administrativa.
El avance es real y debe reconocerse: se terminó con la instancia única. Pero la reforma deja intacto el problema estructural. La propia Receita presentó el nuevo régimen como alineado con el Convenio de Kyoto revisado, en virtud del cual Brasil se habría comprometido a una segunda instancia independiente del área aduanera; y, sin embargo, las dos instancias quedaron en manos de funcionarios del mismo organismo que detecta, acusa y aplica la sanción. No es casual que la doctrina brasileña haya advertido que una segunda instancia compuesta solo por servidores fazendarios no constituye una verdadera segunda instancia. La Portaria Normativa MF 1.967, del 04/09/2025, agregó un ingrediente adicional: la formación de lotes de recursos repetitivos, en los que el resultado del caso paradigma se aplica a los demás procesos del lote. Una técnica razonable para litigios tributarios masivos se vuelve problemática cuando lo que se decide es una pena, cuya imposición exige un juicio individual sobre la culpabilidad de cada imputado.
Visto desde el principio de la doble exigencia, el modelo brasileño satisface la especialización -nadie duda de la pericia técnica de la Receita- pero no la imparcialidad objetiva, que no se mide por la buena fe del funcionario sino por lo que el justiciable puede razonablemente temer del diseño del órgano. El control judicial llega después, ante una justicia federal no especializada, cuando la mercadería ya fue aprehendida y, a menudo, cuando el perjuicio comercial ya es irreversible. Es la expresión más acabada del “Estado aduanero”: un poder que investiga, acusa, juzga y revisa sus propios actos, y que solo después rinde cuentas ante un juez.
8. URUGUAY: LA VIRTUD DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL Y SU LÍMITE
Uruguay se ubica en el extremo opuesto. El Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay (CAROU), aprobado por la Ley 19.276 del 19/09/2014, mantuvo una tradición de judicialización de la materia infraccional: con excepción de la contravención, que sigue en sede de la Dirección Nacional de Aduanas, el conocimiento de las infracciones aduaneras -diferencia, defraudación, defraudación de valor, abandono infraccional, desvío de exoneraciones y contrabando- corresponde a órganos del Poder Judicial (artículo 227). Sus normas procesales, suspendidas transitoriamente por las Leyes 19.322 y 19.394, rigen desde 2017.
La virtud del modelo es evidente y conviene subrayarla: la sanción de mayor entidad no la impone quien acusa. La Aduana denuncia, la acción fiscal y representación del Fisco queda en manos de la Fiscalías Letradas con competencia aduanera (artículo 230); un juez decide. Desde el principio de la doble exigencia, la independencia está asegurada desde el inicio, sin esperar a un control posterior.
El límite aparece en la especialización, y es preciso describirlo con exactitud. El CAROU asigna la primera instancia a los Juzgados Letrados de Aduana con competencia territorial en los departamentos de Montevideo y Canelones -órganos efectivamente especializados-, donde actualmente existe un único Juzgado; y, en el resto del país, a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior con competencia en materia aduanera, que la ejercen junto con otras materias. La segunda instancia corresponde a los Tribunales de Apelaciones en lo Civil y la casación a la Suprema Corte de Justicia. Es decir: la especialización existe en la base del sistema y en su principal centro aduanero, pero se diluye en el interior y desaparece por completo en las instancias revisoras, que son las que fijan la doctrina. El derecho aduanero uruguayo se resuelve, en última palabra, por jueces civiles.
A ello se agrega una tensión conceptual que el caso uruguayo exhibe con especial claridad. La revisión por tribunales civiles y la caracterización doctrinaria de la infracción como especie de infracción administrativa conviven con un proceso judicial que la propia doctrina reivindica como “aduanero” y no meramente civil (Varela), y con un debate sobre el elemento subjetivo que es común a ambas orillas del Plata: no es casual que la reconstrucción más completa de la genealogía del elemento subjetivo en las infracciones aduaneras argentinas haya sido expuesta en la Universidad de la República, en Montevideo (Barreira, 18/11/2016, publicada en la Revista de Estudios Aduaneros del IAEA, n° 23), ni que la doctrina administrativista haya señalado que los principios sancionatorios tienen anclaje constitucional o penal tanto en el derecho argentino como en el uruguayo (Cassagne). Uruguay, en suma, judicializó la infracción sin terminar de reconocer su naturaleza penal; la Argentina, como se verá, reconoció su naturaleza penal sin judicializar su primera instancia. Ambos sistemas cumplen una de las dos exigencias y quedan en deuda con la otra.
9. ARGENTINA: LA EXPERIENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL Y SUS DEUDAS
Sería poco honesto proponer un modelo regional sin someter el propio a la misma vara. El Código Aduanero argentino deja los delitos en manos de los jueces federales y entrega las infracciones, en primera instancia, a la propia administración que investiga: el administrador de la aduana instruye el sumario y dicta la resolución condenatoria. Contra esa decisión el sancionado puede acudir al Tribunal Fiscal de la Nación, órgano jurisdiccional con competencia aduanera desde hace más de seis décadas, organizado en salas con competencia exclusiva en la materia, cuyas sentencias revisa la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
El Tribunal Fiscal es, hasta donde alcanza este relevamiento, la experiencia de jurisdicción aduanera especializada más desarrollada de la región, y Basaldúa ha defendido con insistencia la conveniencia de esa jurisdicción especializada (“Importancia de la jurisdicción especializada en materia aduanera. Situación en Argentina”, Revista de Estudios Aduaneros n° 21). Pero tampoco allí el debate está cerrado. En el propio Tribunal conviven dos antropologías jurídicas: una línea que concibe al derecho administrativo sancionador como un orden preventivo y responsivo, en el que la sanción se justifica por la inobservancia del deber y no por la reprochabilidad del sujeto (TFN, Sala G, Cintolo Hnos. Metalúrgica S.A.I.C., 24/04/2025, voto del Dr. Licht), y otra que exige un mínimo de culpa, pone su carga sobre la administración y resuelve la duda razonable en favor del imputado (TFN, Sala F, Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., 23/09/2022; Clima de Montaña S.A., 16/05/2025; Falagan, 13/06/2025). Conviene añadir una comprobación que el debate teórico suele omitir: aun la línea preventiva absuelve casi siempre por razones subjetivas -el embarque irregular ajeno al importador, el robo en tránsito denunciado, la falla del sistema declarativo, el bulto cerrado que el transportista no podía conocer-. La diferencia entre ambas líneas, medida por sus resultados, es menor de lo que sus premisas anuncian.
El defecto del sistema argentino, por eso, no está tanto en la doctrina como en el diseño. El Tribunal Fiscal ha reconocido que el régimen sancionatorio administrativo denota una desarmonía con el bloque convencional que aconsejaría una revisión legislativa, y ha sostenido a la vez -con razón- que negarle sin más la potestad sancionatoria al Fisco provocaría una judicialización exponencial de conflictos menores, en detrimento de los propios administrados. Es una solución transitoria: la potestad administrativa se conserva a condición de una revisión plena. Pero esa revisión tiene dos debilidades. Llega tarde y solo alcanza a quien recurre, de modo que el defecto queda intacto en la enorme mayoría de los casos que nunca salen de la sede administrativa. Y una garantía que se satisface siempre después no es una garantía del procedimiento sino una garantía contra el procedimiento.
Las patologías están a la vista y ninguna se explica por la mala fe de los funcionarios: sumarios resueltos sin haber corrido la vista, cuya nulidad absoluta debe declararse en serie; archivos por bajo monto que dejan indefinida la situación de imputados individualizados; resoluciones que omiten el juicio de culpabilidad porque el juicio no se hizo; trámites que se prolongan dieciocho y veintitrés años (CSJN, Oliva Gerli, Fallos 333:1987; Bossi y García S.A., Fallos 334:1264). Y hay una asimetría que nadie ha justificado. El Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359), aplicable muchas veces a los mismos hechos -el egreso de divisas sin cumplir los recaudos-, cuyo examen desde la óptica del derecho aduanero ya se había propuesto en la doctrina (Cotter, Revista de Estudios Aduaneros n° 20), dispone desde 1971 que el Banco Central instruye el sumario pero solo sanciona la multa por primera infracción, que los casos graves se elevan al juez y que el recurso se concede con efecto suspensivo. Por la vía aduanera, en cambio, la administración instruye y sanciona siempre, cualquiera sea la magnitud de la multa y aunque disponga el comiso definitivo de la cosa.
10. PROPUESTA: LA ADUANA INSTRUYE, UN ÓRGANO ESPECIALIZADO DECIDE
El contraste de las tres experiencias muestra que ninguna satisface por completo la doble exigencia, y que cada una aporta una pieza del modelo.
| Brasil | Uruguay | Argentina | |
| Quién impone la sanción principal | Receita Federal (perdimento) | Juez (salvo contravención) | Administrador de la aduana |
| Primera revisión | Cejul, integrado por auditores de la Receita | Tribunal de Apelaciones en lo Civil | Tribunal Fiscal de la Nación |
| Separación entre acusar y juzgar | No, en ambas instancias administrativas | Sí, desde el inicio | Solo desde la revisión |
| Especialización de quien decide | Técnica, no jurisdiccional | Parcial: Juzgados Letrados de Aduana de Montevideo y Canelones | Plena en el Tribunal Fiscal; no en la cámara revisora |
| Naturaleza reconocida | Administrativa | Predominantemente administrativa | Penal (arts. 860-861 CA y CSJN) |
El defecto común no es de aplicación sino de diseño, y conviene enunciarlo con exactitud. No se trata de que el funcionario aduanero tenga animadversión contra el sumariado, hipótesis excepcional que el derecho resuelve con las causales de excusación. Se trata de que el mismo órgano que detecta la infracción, instruye el sumario, produce la prueba de cargo y sostiene la imputación es el que dicta la condena. La imparcialidad objetiva no se prueba: se organiza. La revisión posterior salva la constitucionalidad del esquema, pero no lo vuelve bueno.
El remedio no es exótico. Francia lo recorrió en tres actos: el Tribunal Europeo condenó la acumulación de persecución, instrucción y juzgamiento en la Commission bancaire (Dubus S.A. c. Francia, 11/06/2009); el Conseil constitutionnel declaró inconstitucional esa acumulación a partir del artículo 16 de la Declaración de 1789, sin norma expresa que exigiera la separación (décision n° 2011-200 QPC, 02/12/2011); y la Ley de seguridad financiera del 01/08/2003 ya había resuelto el problema en la Autorité des marchés financiers, partiendo el órgano en dos -un colegio que persigue y una comisión de sanciones independiente que juzga- sin sacar la potestad del ámbito administrativo. Estados Unidos, por la vía del jurado, sostuvo que la acción dirigida a castigar debe ventilarse ante el órgano que el castigo exige (SEC v. Jarkesy, 603 U.S. 109, 2024). Y la Argentina lo resolvió en su propio Régimen Penal Cambiario en 1971.
Sobre esas bases, el modelo que se propone descansa en las siguientes decisiones, formuladas en términos que cada ordenamiento puede adaptar:
a) La aduana instruye y acusa; no sanciona en los casos graves. El servicio aduanero conserva íntegras sus facultades de control, verificación, secuestro, labrado de actas e instrucción. Concluida la instrucción y corrida la vista, eleva las actuaciones con un requerimiento fundado que no es una sentencia sino una acusación. Ese solo cambio altera el sentido de todo el procedimiento anterior: el instructor deja de construir la decisión que él mismo firmará y pasa a construir el caso que otro juzgará.
b) Decide un órgano especializado e independiente, en instancia originaria. En la Argentina, ese órgano ya existe: el Tribunal Fiscal de la Nación reúne independencia funcional respecto de quien persigue, especialización técnica y la experiencia de ejercer en la revisión exactamente las funciones que se le atribuirían en la instancia originaria. La reforma no le pide que aprenda nada nuevo, sino que haga antes lo que hoy hace después. En Brasil, el decisor debería ser orgánicamente ajeno a la Receita; en Uruguay, el modelo de los Juzgados Letrados de Aduana debería proyectarse al interior y a la instancia de apelación.
c) Reparto por umbrales de gravedad. No se trata de judicializar cada acta, lo que produciría la judicialización exponencial que con razón se teme. Por debajo de un monto que la ley fije, y siempre que no se pretenda el comiso, la inhabilitación o la suspensión o eliminación del registro, la administración conserva la potestad de sancionar con la revisión plena que hoy existe. Por encima de ese umbral, la competencia es del órgano especializado. El criterio de reparto no es la naturaleza de la materia sino la gravedad de la reacción estatal, que es el que el Régimen Penal Cambiario argentino emplea desde 1971.
d) Proximidad territorial. La objeción de capacidad es seria y, en el caso argentino, la respuesta ya está escrita: el artículo 145 de la Ley 11.683 autoriza al Tribunal Fiscal a actuar mediante delegaciones fijas en el interior del país, previsión que lleva décadas sin ejecutarse. Instaladas donde el tráfico se concentra -pasos fronterizos, puertos y aeropuertos de mayor movimiento-, permitirían atribuir la competencia sin trasladar expedientes ni obligar a litigar lejos del domicilio, y mejorarían la calidad de la prueba.
e) Efecto suspensivo del recurso. Si la sanción tiene contenido penal, no se advierte razón para que su ejecución preceda a la decisión firme. Nadie ha sostenido que el control cambiario se haya vuelto inoperante por concederlo.
f) Especialización también en la revisión, mediante salas o tribunales con competencia exclusiva en materia aduanera y jueces seleccionados por concurso con evaluación específica en la disciplina.
g) Reglas expresas de coordinación entre la sede penal y la infraccional sobre un mismo hecho, que resuelvan la prejudicialidad, la eficacia de cada clase de sobreseimiento y el cómputo de la carga ya soportada por el imputado.
h) Diálogo jurisprudencial regional: publicidad sistemática de las sentencias de los órganos especializados y canales de intercambio entre ellos.
Las objeciones merecen respuesta. La del costo: debe compararse con el que hoy se paga en costas, en litigiosidad reiterada y en resoluciones que se anulan en serie; y el costo de una garantía no es un argumento contra la garantía. La de la demora: el expediente recorre hoy tres sedes -administrativa, Tribunal Fiscal y Cámara-, y la reforma elimina una; la necesidad de reformar los procedimientos aduaneros, por lo demás, viene siendo planteada desde la propia doctrina especializada (Cotter y Mc Cormack, “Los procedimientos aduaneros. Algunas reformas necesarias”, Revista de Estudios Aduaneros n° 23), como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (Sumcheski, Revista de Estudios Aduaneros n° 22). La de orden constitucional: el Tribunal Fiscal ya ejerce funciones materialmente jurisdiccionales; lo que la reforma agrega no es jurisdicción sino imparcialidad. Y la objeción de quienes sostienen la sustantividad del derecho administrativo sancionador resulta menor de lo que parece, porque su formulación más rigurosa admite que la separación entre órganos instructores y decisores es un estándar más riguroso, optimizable cuando existe motivo suficiente, aunque no una exigencia automática del procedimiento (Licht, Teoría del ilícito administrativo, t. II, cap. VII). Sobre el estándar no hay desacuerdo. Lo que se discute es si el motivo suficiente ya se configuró, y las patologías recién descriptas sugieren que sí.
La última base merece una aclaración. Clasificación y valoración se armonizaron primero en un texto y luego en la práctica de las aduanas. El derecho sancionatorio puede recorrer el camino inverso: empezar por la convergencia de criterios entre jueces especializados que comparten un mismo piso convencional y, desde allí, empujar la convergencia normativa. Para eso hacen falta, antes que nada, jueces especializados que no sean quienes acusan.
11. CONCLUSIONES
Primera. El derecho aduanero logró una armonización técnica casi universal en clasificación y valoración, pero dejó sin armonizar su régimen sancionatorio. Los instrumentos multilaterales vigentes fijan disciplinas procedimentales y de medida, y eluden la pregunta por la naturaleza de la sanción; el Código Aduanero del MERCOSUR directamente la omitió.
Segunda. La infracción aduanera es penal en su estructura. Así lo indican el derecho positivo argentino, medio siglo de jurisprudencia de la Corte Suprema, la función retributiva y preventiva de sus sanciones y los criterios materiales que la jurisprudencia internacional aplica para identificar una acusación penal. Esa naturaleza no compromete la autonomía del derecho aduanero: el derecho penal aduanero es un derecho penal especial que pertenece a la rama.
Tercera. De esa naturaleza no se sigue un proceso penal en miniatura. Las garantías que definen las condiciones del reproche -legalidad, culpabilidad, ley más benigna, non bis in idem, proporcionalidad- no admiten rebajas según el órgano que juzga; las que organizan el modo de averiguarlo admiten configuraciones diversas, siempre que aseguren la posibilidad efectiva de ser oído y de controlar la prueba.
Cuarta. El defecto común de los sistemas de la región es de diseño: el mismo órgano investiga, acusa y decide. Brasil satisface la especialización pero no la imparcialidad objetiva, aun después de la reforma de 2023. Uruguay satisface la imparcialidad pero no la especialización en todas sus instancias. La Argentina cuenta con la experiencia de jurisdicción especializada más desarrollada, pero la hace intervenir después de que la Aduana ya decidió, y solo para quien recurre.
Quinta. El modelo latinoamericano que se propone separa la instrucción de la decisión: la aduana instruye y acusa, y un órgano especializado e independiente decide en instancia originaria cuando la multa supera el umbral legal o se pretende el comiso, la inhabilitación o la suspensión o eliminación del registro, con efecto suspensivo del recurso y proximidad territorial. En la Argentina no exige crear un órgano nuevo ni reformar la Constitución: basta atribuir esa competencia al Tribunal Fiscal de la Nación y poner en funcionamiento las delegaciones fijas que el artículo 145 de la Ley 11.683 autoriza desde hace décadas. Exige, apenas, dejar de pedirle al mismo funcionario que acuse y que juzgue.
Sexta. La armonización pendiente puede empezar antes que cualquier reforma normativa, en la jurisprudencia de los órganos especializados que, desde ya, están en condiciones de decir el derecho haciendo escuela.
Fuentes
Las citas argentinas, europeas y estadounidenses se toman de la tesis doctoral del autor, donde fueron cotejadas en sus repositorios oficiales. Las fuentes brasileñas y uruguayas fueron consultadas en sus versiones digitales; los datos de la Revista de Estudios Aduaneros se tomaron del índice de la Biblioteca Digital del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros.
Obra de base
- González Palazzo, Christian M., Los principios del derecho penal en el régimen infraccional aduanero. Una reconstrucción desde la jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación, tesis doctoral, Buenos Aires, 2026 (inédita), en especial caps. I, VIII, XI y XII.
Normas
- Argentina: Código Aduanero, Ley 22.415, arts. 860, 861, 898, 902, 1017 y 1164 (Sección XII); Ley 11.683, art. 145; Ley 19.359 (Régimen Penal Cambiario), arts. 8 y 9; Ley 27.138 (Convención de Kioto revisada); Ley 26.795 (Código Aduanero del MERCOSUR, Dec. CMC N° 27/10).
- Uruguay: CAROU, Ley 19.276, art. 227.
- Brasil: Ley 14.651, del 23/08/2023; Portaria Normativa MF 1.005, del 28/08/2023; Portaria Normativa MF 1.967, del 04/09/2025.
- OMC, Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, art. 6.3 (nota técnica ITC/UNCTAD).
- Alemania, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (1968), §§ 1 y 10. Francia, Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
Jurisprudencia
- CSJN: Mouviel, Fallos 237:636 (1957); Fernández Arias c/ Poggio, Fallos 247:646 (1960); Parafina del Plata S.A., Fallos 271:297 (1968); Mirás, Fallos 287:76 (1973); Linch, Fallos 290:202 (1974); Hideco, Fallos 293:670 (1975); Frydman, Fallos 297:215; Citrex, Fallos 308:2043 (1986); SAFRAR, Fallos 311:2779; Ángel Estrada, Fallos 328:651 (2005); Oliva Gerli, Fallos 333:1987; Bossi y García, Fallos 334:1264; CNV c/ Telefónica Holding, Fallos 335:1089 (2012); Losicer, Fallos 335:1126 (2012); Alpha Shipping S.A., Fallos 346:103 (07/03/2023).
- TFN: Sala F, Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., expte. 39.633-A, 23/09/2022; Clima de Montaña S.A., expte. 35.713-A, 16/05/2025; Falagan, Héctor José, expte. 39.973-A, 13/06/2025; Taranto S.A., INLEG-2025-139819416, 17/12/2025. Sala G, Cintolo Hnos. Metalúrgica S.A.I.C., EX-2024-88970337-APN-SGASAD#TFN, 24/04/2025.
- Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 02/02/2001 (ficha); OC-22/16.
- TEDH: Engel y otros c. Países Bajos, 08/06/1976; Öztürk c. Alemania, 21/02/1984; Jussila c. Finlandia, GS, 23/11/2006; Ismayilov c. Rusia, 06/11/2008; Gabrić c. Croacia, 05/02/2009; Dubus S.A. c. Francia, 11/06/2009; Sadocha c. Ucrania, 11/07/2019.
- Tribunal Constitucional de España, STC 76/1990, 26/04/1990. Conseil constitutionnel, décision n° 2011-200 QPC, 02/12/2011.
- Corte Suprema de los Estados Unidos: United States v. Bajakajian, 524 U.S. 321 (1998); SEC v. Jarkesy, 603 U.S. 109 (2024).
Doctrina
Revista de Estudios Aduaneros (Instituto Argentino de Estudios Aduaneros)
- Barreira, Enrique C., “El elemento subjetivo en la configuración de las infracciones contravencionales aduaneras”, Revista de Estudios Aduaneros, n° 23, primer semestre 2016 – segundo semestre 2017 (exposición en la Universidad de la República, Montevideo, 18/11/2016).
- Basaldúa, Ricardo Xavier, “Importancia de la jurisdicción especializada en materia aduanera. Situación en Argentina”, Revista de Estudios Aduaneros, n° 21, segundo semestre 2010 – primer semestre 2013.
- Basaldúa, Ricardo Xavier, “Código Aduanero del Mercosur. Antecedentes y modelos de uniformización aduanera”, Revista de Estudios Aduaneros, n° 22, segundo semestre 2013 – segundo semestre 2015.
- Cotter, Juan Patricio (h), “El régimen penal cambiario. Breves reflexiones desde la óptica del derecho aduanero”, Revista de Estudios Aduaneros, n° 20, segundo semestre 2008 – primer semestre 2010.
- Cotter, Juan Patricio y Mc Cormack, Mateo, “Los procedimientos aduaneros. Algunas reformas necesarias”, Revista de Estudios Aduaneros, n° 23, primer semestre 2016 – segundo semestre 2017.
- Sumcheski, Ana L., “El derecho a ser juzgado en un plazo razonable”, Revista de Estudios Aduaneros, n° 22, segundo semestre 2013 – segundo semestre 2015.
- Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, “El bien jurídico tutelado como medio eficaz de armonización internacional de los ilícitos aduaneros”, Revista de Estudios Aduaneros, n° 17, años 2005 y 2006.
- Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, “El principio de proporcionalidad de la pena en el ámbito aduanero internacional”, Revista de Estudios Aduaneros, n° 22, segundo semestre 2013 – segundo semestre 2015.
Otra doctrina
- Cassagne, Juan Carlos, “El derecho administrativo sancionatorio en la actividad financiera”, Derecho & Sociedad, n° 54, Lima, junio de 2020, p. 111.
- Deluca, Santiago, “Delitos e infracciones aduaneras en el CAM: ausencias de fondo y forma”, Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión, año 1, n° 1, 2013, pp. 259-273.
- Fazolo, Diogo Bianchi y Timm do Valle, Maurício Dalri, “Reforma aduanera en Brasil: necesidad de armonización de las normas de derecho aduanero sancionador”, Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión, año 6, n° 11, 2018, pp. 29-46, DOI 10.16890/rstpr.a6.n11.p29 (reeditado en vol. 11, n° 20, 2023, DOI 10.16890/rstpr.a11.n20.e487).
- González Bianchi, Pablo, “Error evidente, culpa y tipicidad en las infracciones aduaneras”, Revista de Derecho (Universidad Católica del Uruguay), 2ª época, año 15, n° 20, diciembre de 2019, DOI 10.22235/rd.vi20.1873.
- Labandera, Pablo, “El derecho aduanero y sus aspectos procesales en el Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay (CAROU)”, Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, año XVII, n° 33, 2018, p. 55 y ss.
- Licht, Miguel Nathan, Teoría del ilícito administrativo, La Ley, Buenos Aires, 2024, 2 tomos.
- Miranda Veras, Adriene Maria de, “Pena de perdimento: da necessidade de admissão do recurso administrativo no âmbito do processo de sua aplicação”, Âmbito Jurídico, 23/07/2019.
- Varela, Andrés, “Reflexiones en torno al proceso judicial por infracciones aduaneras en Uruguay”, Revista de Derecho YACHAQ (Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco), n° 11, 2020, pp. 183-199.
- Alves Batista Júnior, Onofre, opinión recogida en Coimbra & Chaves Advogados, “Lei altera regras aplicáveis aos processos de pena de perdimento”, 2023.